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La Paz, 23 de septiembre de 2016 (GADLP).- Con el objetivo de involucrar a todas las instituciones e impulsar la mejor atención de niños y adolescentes en el Departamento, la Mesa Departamental de Justicia que encabeza la Gobernación, iniciará este 29 y 30 de septiembre procesos de capacitación a responsables municipales de las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, que se replicarán en las siete regiones.
La Secretaria Departamental de Desarrollo Social Comunitario, Beatriz Zegarrundo, informó que el reciente 19 de septiembre, se llevó adelante la IV Sesión de la Mesa Departamental de Justicia Penal para Niños y Adolescentes, en la que se aprobó el Plan de Actividades 2016 y la continuidad de las acciones para la gestión 2017. Para ello se cuenta con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef.
Otro tema que abordó la Mesa Departamental fue fortalecer la implementación de los ambientes de descanso, pernocte y resguardo temporal para adolescentes que están aprehendidos. Esta instancia departamental solicitará al Tribunal Departamental de Justicia y a la Policía boliviana mejorar las condiciones de esta población afectada por esta problemática.
También se identificó como prioridad dar celeridad a procesos y procedimientos para adolescentes con responsabilidad penal. Para ello se convocará a una reunión interinstitucional. “Considerando de que más del 80 por ciento de estas personas que están en los hogares no tienen sentencia, esto se da lugar a procesos burocráticos que requieren apoyo de la Defensoría del Pueblo.
Zegarrundo, aclaró que durante la presente gestión se ejecutan trece actividades y una de ellas es visitar periódicamente los centros de reorientación para adolescentes (mujeres y varones) bajo responsabilidad penal, en Calahuma, Viacha, para recoger denuncias, inquietudes y necesidades. Para la gestión 2016-217 desde la Gobernación y en coordinación con otras instituciones se elaborará el Plan Departamental del Sistema de Justicia Penal.
Entre marzo, abril y mayo de este año se conocieron casos de vulneración a los derechos en niños y adolescentes, en los Yungas y la Amazonía. Un dato preocupante es que los que vulneran estos derechos serían parte de la misma familia de la persona afectada, a ello se suma que los gobiernos municipales en muchos casos no cuentan con el profesional habilitado para responder y hacer justicia.
