La Paz, 21 de diciembre de 2016 (GADLP).- El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz se declaró en emergencia ante el intento, de La Asamblea Legislativa Departamental de abrogar el Decreto Departamental de Régimen Tarifario del Sistema de Transporte por Cable, que vulnera las leyes: de Transportes 165, de Autonomías 031 y viola la Constitución Política del Estado porque excluye a la empresa Mi Teleférico de cualquier regulación.
En recientes horas se conoció el “Proyecto de Ley Departamental de Régimen Tarifario del Sistema de Transporte por Cable” presentado por el asambleísta Gustavo Torrico. “De aprobarse esta Ley se estaría atentado a la economía del Departamento de La Paz, mientras está demostrado que el gobierno central nos discrimina económicamente”, expresó la Secretaria Departamental de Desarrollo Social Comunitario, Beatriz Zegarrundo.
“Prácticamente, en el proyecto de Ley no se habla nada acerca del control y fiscalización que debería hacer la Gobernación, cuando hablamos de las tarjetas de operación, mientras que la Ley Departamental de Transporte claramente dice que la Gobernación tiene la competencia de realizar el control y fiscalización a todo servicio de transporte (terrestre, fluvial o por cable) que se le quiere quitar”, aclaró.
Este proyecto de Ley presentado por Torrico, da la potestad a la empresa Mi Teleférico para fijar tarifas intermunicipales, por lo que es evidente el daño económico al departamento, dijo Zegarrundo.
Cuando el gobernador había planteado hace meses atrás entre las 10 demandas y propuestas el departamento La Paz, se incluyó el pago por Tarjeta de Operación de líneas intermunicipales La Paz- El Alto de la empresa Mi Teleférico, recordó.
Según las leyes, 31 de Autonomías y 165 de Transportes, las Gobernaciones otorgan Tarjetas de Operación a los operadores de transporte intermunicipal. Es el caso de la empresa Mi Teleférico que se niega a cumplir la Ley. “El nivel central del Estado se apropia injustamente de recursos que deberían beneficiar a nuestro departamento”, precisó Zegarrundo.
Además, la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, estaría autorizando a que por 36 años, Mi teleférico, no tenga ningún control, ni fiscalización y después de este tiempo recién la Gobernación podría realizar el respectivo control.
“Tomaremos las acciones que correspondan. No podemos permitir que este tipo de leyes vayan en contra de todas las normas vigentes y la población se quede desprotegida porque para fijar tarifas se deben hacer estudios y la empresa mi teleférico no puede ser juez y parte; tiene que haber una instancia que fiscalice”, indicó.