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Pacto Fiscal debe traducirse en una ley nacional para modificar el régimen económico financiero vigente

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La Paz, noviembre 19, 2017 (SEDALP COM/gobernacionlapaz.gob.bo).- De acuerdo al artículo 38 del Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal, éste proceso iniciado hace un año debe concluir con la elaboración de un documento final, a cargo del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), que incluya básicamente una Propuesta de Reforma Normativa al Régimen Económico Financiero y los acuerdos para la asignación e inversión pública efectiva, además de las agendas productivas y sociales priorizadas por cada departamento, informó el delegado a la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, Fabián Yaksic.

“El Pacto Fiscal debería traducirse en una ley nacional para modificar el régimen económico financiero vigente. Este documento final debería contener los lineamientos de esa normativa que tendría que aprobar el Consejo Nacional de Autonomías como resultado de este proceso”, puntualizó el delegado Yaksic.

La Octava Sesión del Consejo Nacional de Autonomías estableció un plazo de 15 días para la presentación de este documento final por parte del SEA, que deberá ser puesto a consideración de los miembros de esa instancia.

“El acuerdo final del Pacto Fiscal será por consenso de los miembros del Consejo Nacional de Autonomías y tendrá carácter vinculante, de acuerdo al Reglamento. Sin embargo, todavía sentimos que hay mucho que discutir porque hemos dejado para el final la discusión de los aspectos más importantes. A la conclusión del proceso de diálogo del Pacto Fiscal, confirmamos lo que dijimos al principio: empecemos por el final. Pero bueno, recién se han puesto la propuestas sobre la mesa y esperemos sean consideradas”, acotó Yaksic.

Hasta la anterior semana sólo se habían presentado las propuestas de La Paz, Santa Cruz, Tarija, y de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), pero en la última reunión de la CTPF, el sábado 11 de noviembre, se expusieron las propuestas de Chuquisaca; Cochabamba; de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB); del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco (GARGCH); de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT); de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz (AGAMDEPAZ). Asimismo, se conoció y debatió la propuesta de la Fundación Jubileo.

“La FAM, representando al asociativismo municipal, guarda un silencio medio extraño, no presentó nada. Pero ahí están, son once propuestas, esperamos que el SEA recoja esas ponencias y proponga una reforma a éste régimen económico financiero para superar los desequilibrios existentes en la distribución de recursos. Ojalá que cumplan con lo que dice el reglamento y que este documento final contenga realmente propuestas, y no sea simplemente un documento de sistematización tal como dio a entender el Viceministro de Autonomías, Hugo Siles”, señaló el delegado Yaksic.

COMISIONES DE TRABAJO Y CONSEJOS SECTORIALES

Otra de las determinaciones del Consejo Nacional de Autonomías fue  instruirle a la Comisión Técnica que se instalen las 10 comisiones y los 2 Consejos Sectoriales: de Salud y Minería, que desarrollarán la agenda para el análisis de los puntos críticos de la gestión pública identificados en la 4ta etapa del proceso de diálogo, que deberán concluir su trabajo con una propuesta de agenda legislativa de cambios normativos, fortalecimiento institucional y mecanismos que mejoren la gestión pública.

“Son 10 comisiones técnicas que por primera vez se instalan, después de siete años de vigencia de  la Constitución y las Autonomías. El Consejo Sectorial de Salud debía haberse conformado hace 7 años, dada la situación crítica de las gobernaciones para atender este rubro. El gobierno actúa como   si no existieran los gobiernos autónomos, como si no existieran los municipios que tienen enormes competencias en salud. Para instalarse estos niveles de coordinación no necesitábamos pacto fiscal porque era nada más cumplir la Ley Marco de Autonomías”, precisó el delegado Fabián Yaksic.

A la cabeza de los Consejos Sectoriales estarán ministros de Estado y autoridades de las gobernaciones y las alcaldías quienes tendrán a su cargo el debate de las políticas públicas a definir para superar los puntos críticos.

El Consejo Sectorial de Minería es de gravitante interés para los departamentos productores de minerales, entre ellos Potosí, Oruro y La Paz, que ha pasado a ser el segundo departamento productor de minerales en el país.

BUENAS INTENCIONES

El delegado Fabián Yaksic aclaró que los 25 puntos consensuados en la  Etapa 5 del proceso de diálogo y los dos disensos referidos al Análisis de las Fuentes de los Recursos, son nada más “todos muy buenas intenciones por el momento”.

“Son 25 temas que pueden traducirse en alternativas reales de financiamiento. Eso lo tendrá que definir el documento final y el resultado del trabajo de las comisiones que recogerán parte de estos 25 puntos que requieren mayor análisis. Ojalá que ese documento nos dé las luces para discutir el acuerdo final y realizar los ajustes necesarios, y así en unas semanas más estemos en condiciones de suscribir un pacto fiscal que realmente siente las bases para corregir todos los desequilibrios y fortalecer las autonomías. Lo que estamos pidiendo son recursos para que la población pueda recibir obras y servicios, por lo tanto estamos hablando del presente y del futuro de la comunidad”, finalizó la autoridad”.

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