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La Paz, 18 ene de 2018 (SDDCS-COM / gobernacionlapaz.gob.bo). – El director de Política Social de la Gobernación de La Paz, Eugenio Vásquez, informó que cerca del 80% de los adolescentes y jóvenes recluidos en los centros de orientación y reintegración, debido a presuntas transgresiones de las leyes, aún no tienen sanción judicial y se encuentran internados preventivamente.
Los delitos más recurrentes por los que estas personas son acusadas son agresiones físicas, robo y abusos sexuales.
“En el Centro de Reintegración de Calahuma hay más de 90 hombres y 11 mujeres; en cambio en el Centro de Orientación son 50 internos que no cometieron delitos graves y para quienes los jueces dan otras medidas que no necesitan la privación de libertad”, explicó Vásquez.
En el caso del Centro de Orientación, el funcionario explicó que hace dos años sólo había seis internados, sin embargo, ese número se incrementó debido a la aplicación de normas planteadas en la “Mesa de Justicia Penal Adolescente”, encabezada por la Gobernación de La Paz, que tiene el propósito de aplicar la justicia restaurativa para que los jóvenes acepten su responsabilidad y repongan su comportamiento para volver a reintegrarse a la sociedad.
Justicia adolescente
Vásquez anunció que con el fin de garantizar los derechos de estas personas, este viernes se reunirán al menos 20 instituciones estatales y ONG que conforman la “Mesa de Justicia Penal Adolescente” en la que se plantearán nuevas estrategias y actividades para evitar que jóvenes incurran en hechos delictivos.
“Desde el 2016 esta mesa está constituida por la Gobernación de La Paz, el Ministerio de Justicia, Felcv, juzgados de la Niñez y la Adolescencia, el Defensor de Pueblo y otras instituciones civiles que trabajan con estas temáticas”, afirmó.
Como primera medida de este año, la Dirección de Políticas Sociales de la Gobernación de La Paz propondrá un curso a jueces de la Niñez y Adolescencia para la aplicación adecuada y oportuna de las sanciones. Además, se presentará un programa de fortalecimiento al trabajo de los funcionarios de servicios legales integrales de todos los municipios del departamento.
“Ahora estamos trabajando con mayor énfasis en la restauración de los derechos y seguramente las otras instituciones también tendrán sugerencias que serán evaluadas y planificadas para continuar con ese trabajo y dar respuestas a las problemáticas que atañen a esta población”, concluyó.
